*El SUTSEM al igual que otras organizaciones se manifestaron por presunta violación a los derechos
Tepic, Nayarit.- Integrantes de diversas organizaciones civiles y activistas sociales se manifestaron la mañana de este martes frente al Congreso del Estado para presentar una solicitud de juicio político en contra de la fiscal general de Nayarit, Ludmila Heredia, del exfiscal, Petronilo Díaz Ponce, de los jueces de control Juan Valentín Escobedo y Luis Corona, así como del presidente del Congreso del Estado, Salvador Castañeda, a quienes acusan de presuntas violaciones a los derechos humanos, abuso de poder y omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Durante el acto, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), Óscar Cedano, aseguró que la Fiscalía General del Estado "es utilizada como un brazo ejecutor político" para perseguir a quienes se manifiestan, mientras que, dijo, los verdaderos responsables de diversos delitos permanecen sin ser investigados. Señaló que existen carpetas de investigación contra servidores públicos que llevan años sin avances, mientras que los ciudadanos comunes enfrentan procesos judiciales en cuestión de días.
El abogado Alejandro Fernández, explicó que la figura del juicio político no constituye un proceso penal, si no un mecanismo previsto en la Constitución local para que el Congreso valore si los funcionarios mantienen la confianza de la ciudadanía y si incurrieron en conductas que afecten el interés público o vulneren derechos fundamentales.
La solicitud presentada se sustenta, principalmente, en presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas por diversos ciudadanos, quienes acudieron a compartir sus testimonios sobre procesos judiciales que consideran irregulares y actos de persecución política.
De igual manera, señaló que uno de los argumentos centrales es el uso del delito de ataques a las vías de comunicación para procesar a manifestantes, figura que, afirmó, ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que puede vulnerar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social.
Los promoventes también incluyeron en la solicitud al presidente del Congreso, Salvador Castañeda, al considerar que, pese a haber sido informado previamente sobre estas presuntas irregularidades, no emprendió acciones para atenderlas, permitiendo que continuaran los procesos judiciales cuestionados.
Durante la manifestación, varios activistas ofrecieron testimonios sobre las presuntas afectaciones que, aseguran, han sufrido a raíz de actuaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial. Los inconformes hicieron un llamado a las y los diputados para que admitan la solicitud de juicio político y analicen la permanencia de los funcionarios señalados, al sostener que corresponde al Congreso actuar como representante de la ciudadanía en este tipo de procedimientos.
*El SUTSEM al igual que otras organizaciones se manifestaron por presunta violación a los derechos
Tepic, Nayarit.- Integrantes de diversas organizaciones civiles y activistas sociales se manifestaron la mañana de este martes frente al Congreso del Estado para presentar una solicitud de juicio político en contra de la fiscal general de Nayarit, Ludmila Heredia, del exfiscal, Petronilo Díaz Ponce, de los jueces de control Juan Valentín Escobedo y Luis Corona, así como del presidente del Congreso del Estado, Salvador Castañeda, a quienes acusan de presuntas violaciones a los derechos humanos, abuso de poder y omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Durante el acto, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), Óscar Cedano, aseguró que la Fiscalía General del Estado "es utilizada como un brazo ejecutor político" para perseguir a quienes se manifiestan, mientras que, dijo, los verdaderos responsables de diversos delitos permanecen sin ser investigados. Señaló que existen carpetas de investigación contra servidores públicos que llevan años sin avances, mientras que los ciudadanos comunes enfrentan procesos judiciales en cuestión de días.
El abogado Alejandro Fernández, explicó que la figura del juicio político no constituye un proceso penal, si no un mecanismo previsto en la Constitución local para que el Congreso valore si los funcionarios mantienen la confianza de la ciudadanía y si incurrieron en conductas que afecten el interés público o vulneren derechos fundamentales.
La solicitud presentada se sustenta, principalmente, en presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas por diversos ciudadanos, quienes acudieron a compartir sus testimonios sobre procesos judiciales que consideran irregulares y actos de persecución política.
De igual manera, señaló que uno de los argumentos centrales es el uso del delito de ataques a las vías de comunicación para procesar a manifestantes, figura que, afirmó, ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que puede vulnerar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social.
Los promoventes también incluyeron en la solicitud al presidente del Congreso, Salvador Castañeda, al considerar que, pese a haber sido informado previamente sobre estas presuntas irregularidades, no emprendió acciones para atenderlas, permitiendo que continuaran los procesos judiciales cuestionados.
Durante la manifestación, varios activistas ofrecieron testimonios sobre las presuntas afectaciones que, aseguran, han sufrido a raíz de actuaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial. Los inconformes hicieron un llamado a las y los diputados para que admitan la solicitud de juicio político y analicen la permanencia de los funcionarios señalados, al sostener que corresponde al Congreso actuar como representante de la ciudadanía en este tipo de procedimientos.
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