*El llamado es para la titular del Instituto para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas que garantice el respeto a la diversidad cultural, identidad, trato digno y evitar discriminación motivada por origen étnico 

Tepic, Nayarit.- Ante las declaraciones de la titular para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas de Gobierno del Estado en el que se criminalizaba a sus representados, refiriéndose a que, “en la sierra, la mayoría de los padres de familia se dedican a robar y armar a menores de edad como forma de vida”, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), lamenta  tales expresiones por estigmatizar a los habitantes y carecer de sustento y veracidad sus argumentos, así como no representar el contexto real de la situación que guardan los pueblos originarios en el Estado. 

El presidente del órgano en mención, Maximino Muñoz de la Cruz, señaló que resulta de suma importancia hacer ver a los servidores públicos que ofrecen atención a pueblos de comunidades indígenas y afrodecendientes que como obligación principal emanada de marcos de protección nacional e internacional, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

El Ombudsman señaló que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir sus propias formas de gobierno, organización política, social y sistemas de justicia, así como al aprovechamiento de sus recursos naturales.  

En Nayarit, conviven pueblos originarios, cuyas principales características son la profunda conservación de la tierra y su cultura en la cual basan su identidad, quienes a lo largo de las luchas históricas han buscado el reconocimiento social y legal de sus derechos elementales, al igual que una forma honesta de vida y dentro de sus actividades principales se desempeñan como profesionistas, jornaleros, comerciantes, artistas, artesanos, músicos, campesinos, pescadores, entre otros.  
 
Con base en ello, recordó que las etnias tienen derecho a una reparación integral del daño cuando se violenten sus derechos humanos, entre ellos la disculpa pública. 

Por lo anterior se hace un exhorto a las autoridades de todos los ámbitos y niveles de gobierno para que generen los mecanismos de coordinación suficientes que permitan y garanticen la obligación de respeto, la atención y consoliden programas y acciones para el ejercicio pleno de sus derechos tanto individuales como colectivos. 

Difundir ideas que atentan contra la dignidad que vulneran a los seres humanos, así como la identidad de las personas pone en riesgo su existencia misma como pueblo indígena, por ello, el formar opiniones generalizadas de manera negativa, menoscaba la ya deteriorada imagen de los pueblos, violentando el derecho a la identidad. 

Para concluir, Maximino Muñoz de la Cruz, añadió que resulta relevante y necesaria la actualización y capacitación constante con perspectivas y visiones basadas en el pluralismo jurídico y en un diálogo intercultural, con el objeto que los funcionarios tengan las herramientas necesarias para dirigirse de manera digna y respetuosa a grupos en situación de vulnerabilidad.