*Se hizo un llamado a la Fiscalía Estatal como a la SSPC, para que esclarezcan los hechos 
 
Tepic, Nayarit. - Tras el hallazgo del cuerpo de un hombre a un costado de la carretera federal 74, que fue encontrado el pasado 17 de noviembre, cerca de la localidad de Mecatán, municipio de San Blas, Nayarit, homicidio en el que presuntamente participaron tres hombres, dos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), condenó este hecho. 

A raíz de este crimen el presidente del órgano, Maximino Muñoz de la Cruz, hizo la más respetuosa solicitud a la Fiscalía General del Estado de Nayarit a efecto de que se complemente la investigación de manera inmediata, exhaustiva, profesional, eficiente, imparcial y objetiva para el desahogo de todas las líneas de investigación que permitan esclarecer los hechos e identificar el grado de participación de las personas que tuvieron inherencia en estos actos, pues es de suma importancia que sean garantizados los derechos de las víctimas de conocer la verdad, a la reparación integral del daño, la máxima protección a su seguridad y a su dignidad humana, entre más derechos reconocidos.

Por otro lado, también se hizo un llamado a la SSPC, para efecto de que coadyuve con la investigación, otorgando la disponibilidad institucional e implemente acciones prontas y necesarias para reforzar los valores institucionales que rigen las corporaciones de seguridad pública, bajo los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos y sus garantías. Erradicando en todo momento aquellas conductas enfocadas al encubrimiento entre personas servidoras publicas y a la impunidad.

Para concluir, Maximino Muñoz de la Cruz, añadió que la CDDH reitera su compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos de toda persona, encima de cualquier otro interés, por ello, ha iniciado oficiosamente una investigación en la que habrán de realizase las diligencias necesarias para determinar los actos u omisiones que resultaron violatorios de derechos humanos, y para exigir se garantice a las víctimas indirectas el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral; así como para que se tomen medidas y acciones institucionales de prevención.