*Fue una profesora quien le apoyó en conseguir medicamento para abortar y podría enfrentar hasta 12 años de cárcel

Venezuela. – Una menor de 13 años que sufría abuso sexual con frecuencia por parte de un vecino de 52 años, quedó embarazada y decidió pedir ayuda para interrumpir su embarazo. La justicia encarceló a quien ayudó a la niña —una profesora— y dejó al agresor libre “por falta de pruebas”.

Aunque el caso ocurrió en octubre de 2020, no fue hasta este enero que resonó en la opinión pública debido a que la profesora podría enfrentarse a 12 años de cárcel. En las últimas semanas, decenas de organizaciones de derechos humanos y personalidades, algunas ligadas al gobierno, pidieron su inmediata excarcelación.

Vanesa Rosales, una educadora y activista por los derechos humanos a la que la niña y su madre conocían desde hace años, consiguió el medicamento porque la mamá de la menor se lo pidió. Su madre, que entonces había acudido a una sede policial a denunciar la violación, terminó detenida durante 22 días bajo la acusación de asistir un aborto.

Aún hospitalizada, la menor tuvo que declarar, contó que su profesora le dió el medicamento que necesitaba para interrumpir su embarazo. Las autoridades detuvieron a la educadora y la encarcelaron durante 90 días, ahora está pendiente de un juicio y podría enfrentarse a una pena de hasta 12 años de cárcel.

La justicia la acusa de delitos de asociación para delinquir y por provocar el aborto de una mujer con su consentimiento. Esta es una de las causales que establece la legislación venezolana para castigar la interrupción del embarazo. Además, en Venezuela está prohibido abortar hasta cuando hay inviabilidad del feto o cuando el embarazo es producto de una violación.

El agresor de la menor fue detenido pero quedó en libertad en menos de 48 horas porque “no se pudo demostrar el delito”.