*390 órdenes de protección en materia familiar se pidieron, de las cuales se concedieron el 80 por ciento, 268 a mujeres y 42 a hombres 

Tepic, Nayarit.- con la finalidad de coadyuvar en la eliminación de la violencia contra la mujer, el Poder Judicial de Nayarit y el Centro de Ética Judicial, asociación civil con sede en la Ciudad de México, el miércoles pasado suscribieron un convenio de capacitación sobre ética y derechos humanos. 

Así lo informó el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Judicatura, Ismael González Parra, quien indicó que el órgano está del lado de la igualdad real, del respeto a los derechos de la mujer y del rechazo a la conducta discriminatoria y delictiva en su contra. 

En este contexto, aclaró que durante la presente pandemia aumentó de manera considerable la violencia física o sexual contra mujeres adultas, jóvenes y niñas. 

Durante la etapa más crítica del confinamiento por la pandemia, del 17 de marzo al 19 de octubre de 2020, se solicitaron al Poder Judicial de Nayarit 390 órdenes de protección en materia familiar, de las cuales se concedieron el 80 por ciento, 268 a mujeres y 42 a hombres. 

El magistrado comentó que en materia penal se otorgaron mil 416 medidas cautelares, entre otras la presentación periódica de los agresores ante el Juez, la prohibición de salir del país o localidad en que residen o garantías económicas. 

Por otra parte, dijo que en Nayarit se judicializaron cinco feminicidios tanto en 2018 como en 2019, y en lo que va de 2020 se tiene registro de siete feminicidios que han llegado a judicializarse.

El camino para erradicar estas conductas criminales y discriminatorias, además del endurecimiento de las sanciones y de una política de Estado para prevenirlas y protegerlas, señaló que también reside en fomentar la cultura de respeto y reconocimiento al papel de la mujer en todos los aspectos de la vida, desde el núcleo familiar hasta el ámbito social, laboral y político.

Para concluir, Ismael González Parra, añadió que en la iniciativa de actualización y armonización de la Ley Orgánica del Poder Judicial con las recientes reformas constitucionales, se propone un lenguaje de género que, por ejemplo, evitará la designación de cargos y funciones para identificar a las mujeres a través de los hombres.