*En dos años se ha  entregado al municipio 30 accesos públicos para diferentes playas en Nayarit, y está por entregar más en diferentes Entidades

México.- A pesar de que constitucional y legalmente las playas mexicanas son públicas y deben permanecer accesibles a todo ciudadano que deseé disfrutarlas, persisten múltiples denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las mismas

Así lo señaló la titular de la Semarnat, Maria Luisa Albores, quien dijo que la instancia ha realizado una serie de acciones para la liberación de playas. En noviembre del 2019, se entregaron a la autoridad municipal 30 accesos públicos para diferentes playas de Bahía de Banderas, en Nayarit, y otras en diversos Estados, con el fin de que estos espacios de recreación estén abiertos para todas las personas a perpetuidad, es decir, que ningún particular podrá impedir el paso. 

Próximamente se entregarán 17 en Tulum, 4 en Solidaridad y 17 más en Mazatlán y se seguirá con esta dinámica a lo largo de todo el todo el litoral hasta lograr que todas las playas tengan acceso público.

Se trabaja también para que todos los malecones se otorguen a los municipios, así como todas las bocacalles de las playas tampoco sean concesionables. En este proceso ya se entregó el malecón al municipio de Ensenada y está en proceso el de Acapulco, Mazatlán, La Paz, Boca del Río, Veracruz.

Otra de las acciones es el acercamiento con los hoteles para que no cierren las entradas de las playas a la comunidad, lo cual ha tenido una respuesta favorable en Baja California, Sonora y Nayarit.

De igual forma, recordó que en 2019 la Semarnat revocó a la empresa Cantiles de Mita la concesión con fines de protección ambiental del estero La Lancha en el complejo turístico Punta Mita, municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit, por considerar que obtuvo el permiso en 2016 de manera irregular y haber cerrado el acceso de la playa al público.

El compromiso del Gobierno, confirmó para concluir, es abrir todas las playas del país a la población, por lo que se continuará con las inspecciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la autoridad municipal, para verificar que los concesionarios respeten la normatividad.